Fue una sola nota que llegó a Angélica Mendoza de Ascarza después de que soldados del ejército de Perú se llevaron a su hijo Arquímedes de su casa. En fina cursiva sobre un trozo de papel marrón profundamente arrugado, su hijo escribió que estaba en un cuartel del Ejército y para pedirle a su madre que buscara un abogado, dinero y cualquier forma posible de llevarlo al juzgado.
El día después de la desaparición de Arquímedes en 1983, oficiales del cuartel denominado “Los Cabitos” insistieron a su madre, mejor conocida como “Mamá Angélica”, que no estaba bajo su custodia. Sin embargo, su nota escrita a mano tomó parte fundamental en el esfuerzo de años de Mamá Angélica por encontrar justicia. Culminaría con la condena en 2017 de exmilitares responsables de 53 desapariciones forzadas entre las que se encontraba Arquímedes.
Aproximadamente 70.000 personas desaparecieron o fueron asesinadas en Perú entre 1980 y 2000, según el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del país en el 2003. Los documentos, tanto formales como informales, fueron fundamentales para reconstruir la historia de esta violencia y el éxito de los procedimientos judiciales en busca de justicia. Hoy, muchos de esos documentos están en peligro.
Charles Walker, profesor de historia en la Facultad de Letras y Ciencias de UC Davis, recibió recientemente un subsidio de 100.000 dólares para digitalizar archivos de tres importantes organizaciones de derechos humanos en Perú. Con esta financiación del Programa de Archivos Modernos en Peligro (MEAP) de la Biblioteca de UCLA, Walker se asociará con co-investigadora Ruth Borja Santa Cruz, profesora de historia en la Universidad de San Marcos en Perú, para preservar documentos que documentan la historia de los derechos humanos en el país.
"Estos archivos están realmente en peligro", dijo Walker en ingles. "Si la situación política cambia, estas organizaciones podrían cerrarse y tal vez incluso quemarse".
Digitalización de documentación de derechos humanos para la preservación histórica
Los años entre 1983 y 2000 en Perú se definieron en muchos sentidos por el ataque de grupos terroristas contra la población por un lado y por la represión excesiva de las fuerzas gubernamentales por el otro. Atrapadas entre esas dos fuerzas había decenas de miles de personas de comunidades rurales, en su mayoría indígenas, que sufrieron detenciones ilegales, desapariciones forzadas, asesinatos y otras violaciones de sus derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Incluso cuando esta violencia no fue denunciada oficialmente, o ni siquiera reconocida por el gobierno, a menudo dejó un rastro de documentación. Podría ser en forma de una carta escrita a mano o un fax enviado a una agencia estatal preguntando sobre un ser querido que fue detenido por las autoridades.
Walker y su equipo liderarán el proceso de fotografiar y almacenar digitalmente documentos mantenido por los centros de derechos humanos Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), y también el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
Muchos de los documentos tienen décadas de antigüedad. Los años han pasado factura, particularmente con las comunicaciones originales que describen la violencia, que fueron enviadas por fax y télex.
“El mismo papel que se utilizaba en aquel entonces era un papel frágil que a veces, al simple tacto, es un poco difícil de usar. A veces se rompen simplemente al tocarlos,” dijo Christian Huaylinos Camacuari, abogado de derechos humanos y coordinador legal de APRODEH. “Eso explica por qué es necesario digitalizarlos.”
Los documentos en APRODEH llenan cientos de cajas. Incluyen casos cerrados de juicios de derechos humanos, incluidos algunos de los juicios de derechos humanos más importantes de la historia del Perú. Diversos de estos casos fueron patrocinados por APRODEH en Perú con apoyo internacional.
“Toda esa documentación ha servido para estos procesos que ha logrado después la sentencia condenatoria en varios casos de violaciones de derechos humanos, incluyendo al propio ex presidente del estado peruano Alberto Fujimori,” dijo Huaylinos.
Fujimori, presidente de Perú de 1990 a 2000, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por su participación en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En 2023, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó su liberación. APRODEH fue una de las organizaciones que impugnó la liberación de Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El panorama cambiante de los derechos humanos y la protección del patrimonio cultural en Perú
Este proyecto se basa en un proyecto similar en asociación con la UCLA Library. En su trabajo anterior, Walker y Ruth Borja Santa Cruz digitalizaron 40.000 documentos de la Confederación Campesina del Perú (CCP). El trabajo se completó durante la pandemia de COVID-19 con financiación de la UCLA Library Programa de Archivos Modernos en Peligro (MEAP), que financia el nuevo proyecto.
El archivo de CCP documenta la historia del Perú a finales del siglo XX, incluido el crecimiento de la izquierda radical, la organización de grandes huelgas y cómo el grupo terrorista “Sendero Luminoso” impactó a los pueblos pobres e indígenas. El equipo agregó descripciones en los metadatos para que se pudiera buscar en la base de datos de miles de documentos.
Estos documentos, que se encontraban en una casa privada en Lima, la capital de Perú, ahora están disponibles gratuitamente en línea a través la UCLA Biblioteca Digital.
“Cuando se publicó la colección CCP, vimos el interés y el valor de que ese material fuera accesible abiertamente en línea para las comunidades del Perú. Casi inmediatamente después, supimos que el CCP era blanco de represión política en Perú y nos sentimos aliviados al saber que el archivo había sido preservado”, dijo Rachel Deblinger en ingles. Elle es directora de la UCLA Library Programa de Archivos Modernos en Peligro (MEAP).
El archivo CCP es uno de los 112 proyectos en 52 países que MEAP ha apoyado en solo sus primeros cinco años. El objetivo general de MEAP es apoyar la preservación del patrimonio cultural en peligro y hacerlo de libre acceso para todos, incluidas las comunidades que representa el archivo. Actualmente, en total el archivo alberga más de 70.000 documentos y objetos únicos. Todos ellos están disponibles gratuitamente para fines de investigación, docencia y no comerciales.
"Para nosotros es importante que las colecciones estén documentadas de manera que reflejen las experiencias de las personas representadas en el archivo", afirmó Deblinger. “Al tener a alguien como Ruth Borja Santa Cruz al centro del proyecto, sabemos que los materiales estarán bien cuidados y descritos desde la perspectiva de la comunidad”.
El nuevo proyecto de digitalización utilizará el mismo enfoque para proteger los archivos que están en riesgo de destrucción, tanto por la falta de financiación para mantenerlos como por las continuas amenazas de violencia contra estas organizaciones. APRODEH ha sido en los últimos años el objetivo de amenazas, incluidas amenazas de muerte contra su directora Gloria Cano. Las tres organizaciones temen ataques e incendios intencionales que podrían destruirlo todo.
“Creemos que el material de archivo es fundamental y corre gran peligro”, afirmó Walker. "Los tres archivos se enfrentan actualmente a grandes amenazas y dificultades".
Preservación histórica para futuras investigaciones y justicia
Los documentos son parte de un legado complicado, particularmente para las personas que han perdido a sus seres queridos en la violencia. Los esfuerzos de Mamá Angélica por encontrar justicia para su hijo impulsaron su trabajo para ayudar a establecer la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (ANFASEP).
Luego del proceso judicial que llevó ante la justicia a los asesinos de su hijo, APRODEH solicitó al Poder Judicial la devolución de la carta escrita por Arquímedes. En un acto de 2021, la directora de APRODEH, Gloria Cano, devolvió la carta a su familia. Mama Angelica ya había fallecido pocos días después de la lectura de sentencia.
Huaylinos dijo que los documentos que Walker, Borja Santa Cruz y su equipo van a preservar pueden ser invaluables para los académicos que tratan a reconstruir la historia de la violencia en Perú entre 1980 y 2000.
“Esa documentación es importante para tratar de identificar a los posibles perpetradores y más importante aún para identificar a las víctimas y los hechos, que muchas veces han sido negadas por el Estado peruano,” dijo Huaylinos. “En algunos casos cuando yo sé que hubo sentencias condenatorias estoy convencido de que esas historias de terror, de sufrimiento, de dolor, se han ido convirtiendo en historias de esperanza, de que a pesar de los años y a pesar de todo lo sufrido se ha logrado encontrar justicia.”